Marcelino Iglesias siempre ha sido un político mediático. Desde que estuvo a cargo de la OSEP (primero con Roberto Iglesias y luego ratificado por Julio Cobos) hasta su llegada a la Intendencia de Guaymallén (pudorosamente abrigado por la lista sábana) no ha podido eludir su participación en varias situaciones oscuras relacionadas nada más ni nada menos que con “fondos públicos”. En estos días, no obstante la protección del blindaje mediático y las millonarias pautas oficiales, el intendente de Guaymallén se encuentra lidiando nuevamente con uno de sus viejos karmas como administrador: El Oscurantismo administrativo.
A raíz de este déficit, tuvo importantes encontronazos con algunos propios como Vaquié y Gallegos, y fue acosado con otras denuncias que alimentaban las sospechas sobre malos manejos. Entre esas denuncias se amontonaban el recorte y suspensión de varios servicios para los afiliados de OSEP; la interrupción de pagos a las farmacias; enfrentamientos con médicos por compra de insumos con sobreprecios; sobreprecios de hasta 1.200% en medicación oncológica; endeudamiento por $ 10.000.000 en aportes a los empleados de OSEP. Este monto….¡tuvo que ser retenido por la AFIP/DGI y descontado de regalías! …entre otros eventos de similares características.
Hoy, 10 años después de aquellos desmanejos, Marcelino Iglesias a cargo del municipio más populoso de la provincia, sigue utilizando el mismo modus operandi basado en el “oscurantismo”.
PRIVATIZACIÓN Y SANTA ELENA. Por citar uno de los temas que está en boca del pueblo guaymallino: la licitación para privatizar el servicio de limpieza y recolección se hizo en tiempo record y con un pliego de condiciones para los cuales calificaba sólo una empresa: Santa Elena, la misma que presta servicios en Capital y Godoy Cruz. Este multimillonario servicio…¡sólo cubre a 3 de los 18 distritos de Guaymallén! Tiene un costo de $ 55 millones el primer año y un costo total de $ 168 millones durante 3 años. Desde el principio y hasta la fecha, los bloques opositores de concejales del PJ-FPV y del FIT han pedido informes por distintas vías respecto de esta licitación récord; pero solo ha encontrado silencioy hermetismo por parte del Ejecutivo departamental. ¿Quiénes son los dueños? ¿de dónde salió el capital? ¿Cuáles son los cuadros comparativos entre estos montos y los que costarían al municipio hacerlo por su cuenta, como siempre lo ha hecho?
EMERGENCIA SIN RENDIR CUENTAS, INFORMALIDAD EN LOS BALANCES. El 30 de diciembre de 2015, el bloque oficialista “Cambiemos” presentó y obtuvo la aprobación de la Ordenanza N° 8184/15 por la cual declaraban al municipio en estado de “Emergencia” Económica, Financiera, Sanitaria y Ambiental por seis meses y se le concedieron al Ejecutivo Municipal atribuciones especiales para la administración. A finales de junio de este año y a poco de finalizar el “periodo de emergencia”, los bloques opositores, cumpliendo las disposiciones que la ley les impone, solicitaron informes sobre las acciones, inversiones y resultados obtenidos con las atribuciones especiales. No han habido respuestas del Ejecutivo ni de los concejales oficialistas: nadie sabe qué se hizo; nadie puede decir cuánto se invirtió en la emergencia, que áreas se apoyaron o reestructuraron, o como benefició a la población o a las arcas o a la administración del Municipio…
Pero esto, no es una conducta aislada: cada mes el Ejecutivo del municipio está obligado a presentar balances con los números de la gestión; y así lo ha hecho pero….sin ajustarse a las disposiciones legales vigentes de la Provincia en tal tema, dejando muchos puntos sin informar. ¿Es esto ocultación premeditada? ¿hay segundas intensiones? ¿indolencia? ¿desprecio por los derechos de los administrados?
SIN LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN: LA REALIDAD ENTRE SOMBRAS. El Bloque PJ-FPV también presentó un proyecto pidiendo se ponga en funcionamiento la OFICINA “LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN” para que toda la comunidad pueda verificar el quehacer de sus representantes y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública de la Municipalidad. Este no es un proyecto caprichoso. Así lo determina la ordenanza 6060/2002.Pero a Ordenanza sigue sin efectivizarse y la población sigue sin acceso a la información de la actual administración.
La publicidad de sus actos y la transparencia de la administración estatal en la gestión de los asuntos públicos es el sello distintivo de todo estado democrático. Ello implica que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre las decisiones que adoptan. La transparencia en la gestión pública contribuye a fortalecer el vínculo entre el Estado y la población y a promover las observaciones, aportes y vigilancia de la ciudadanía. La omisión de la transparencia, da origen a sospechas sobre las conductas humanas: la corrupción se sustenta en el ocultamiento. Aunque hay preguntas no hay respuestas. No hay informes.
Nada se sabe: emergencia económica…balances…servicio de limpieza…
¿Cuál es la verdad en todas estas situaciones?
Algo en Guaymallén no se está haciendo bien. Nada bien.