Latinoamérica

"La crisis ¿es sólo brasilera?" por Edgardo Zotelo



El nuevo presidente de Brasil es Michel Temer, abogado de 76 años, nació en el Estado de São Paulo. Políticamente, se crió junto a Adhemar Pereira de Barros, alcalde y gobernador de São Paulo, cuyo famoso lema de campaña fue "Adhemar roba pero hace".

 Tras ser designado, y tal como hizo Macri en Argentina, el presidente interino Michel Temer pronunció un típico discurso neoliberal de reforma laboral, despidos en el sector público, achicamiento del Estado además de la misma promesa de bajar la "inflación y el déficit público; recuperar la credibilidad y calmar al mercado".

 Desde 2001 – el nuevo presidente - preside el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que es el partido político con más afiliados del país, que gobierna siete estados y 1.030 ciudades; cuenta con 69 diputados y 18 senadores. El último presidente electo —por voto indirecto— del partido fue José Sarney (1985 - 1990). Desde entonces el PMDB ha sido únicamente aliado de los distintos gobiernos brasileños, desde el conducido por el Partido Socialista Democrático Brasileño de Fernando Henrique Cardoso, hasta los de Lula Da Silva y Dilma Rousseff con el PT. 

Cabe destacar la fragilidad política de Michel Temer, pues tiene un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, que habiendo entrado casi conjuntamente con el de Dilma Rousseff, hoy se encuentra paralizado. Su nombre ha sido mencionado por delatores del escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Por otro lado los 'lobbistas' Julio Camargo y Fernando Baiano, como el exsenador Delcídio de Amaral, lo han implicado en distintos ilícitos. Entre ellos se cuentan el cobro de 5 millones de reales (1,5 millones de dólares) pagados por la constructora OAS y dos pagos de 40.000 dólares del conglomerado Camargo Correa, por obras en las ciudades paulistas de Praia Grande y Araçatuba, entre otros.



Imaginar un acercamiento a lo que está sucediendo en Brasil supone una serie de consideraciones previas: ¿Es un problema del Gobierno de Dilma Rousseff ó de Luiz Inácio Lula da Silva? ¿Son conflictos de un País vecino, amigo y socio comercial que deben resolverlos internamente? Los datos de esa crisis, y tal como los vamos conociendo, ¿ son lo veraces que suponemos? La crisis que estamos viendo, ¿ es la verdadera crisis? ¿ Argentina es impactada sólo por lo económico? ¿ la crisis es de Brasil?

 Las respuestas son seguramente diversas y con una rica variedad de ópticas. Lo que no podemos, en mi parecer, es hacer un reduccionismo fácil, y decir que lo grave son las denuncias de corrupción hacia el Gobierno de la actual Presidenta y su antecesor, en las que aparecen involucrados otros sectores sociales.

Lo que está en jaque en Brasil no es la Democracia, es el modelo de gobierno, que un rápido recorrido por América Latina, nos permite advertir que se ha ido instalando, porque los mismos pueblos comenzaron a revelarse ante el asedio, abuso, discriminación, exclusión y sometimiento a años de gobiernos capitalistas-neoliberales, en los que sólo eran números y variables.

La dificultad inicial es que la Derecha, en esta confrontación de modelos, ya no apela a las fuerzas armadas para destituir gobiernos populares, empoderados por derechos restituidos, sino a viejos y casi escondidos socios, instalados estratégicamente en diversos niveles sociales, para que con renovados métodos, los desmoronen,  a partir de cuidadosas construcciones demoníacas que se hacen de ellos. Eso supone tiempo, recursos (humanos y económicos) y un plan, que no siempre es visible. 

Nadie en su sano juicio puede creer realmente que el proceso de juicio político a Dilma Rousseff
tiene que ver con el tema de la corrupción cuando numerosos diputados tienen algún proceso judicial abierto y está en curso la investigación de corrupción y lavado de dinero (“operación Lava Jato”) considerada la más grande de la historia brasileña. Dos ejemplos: la diputada Raquel Muniz votando “por el fin de la corrupción” un día antes de que su marido -alcalde de la ciudad de Montes Claros- fuera detenido por favorecer a un hospital privado en desmedro de uno público. Y el Diputado Jair Bolsonaro que reivindicó la figura de un torturador de la dictadura militar, en sintonía con numerosos carteles que se vieron en las manifestaciones callejeras opositoras apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas.

Antes de las elecciones brasileñas de octubre de 2014 los sectores de la derecha latinoamericana se ilusionaban con una derrota de Dilma Rousseff y del Frente Amplio uruguayo en noviembre del mismo año, para cambiar la relación de fuerzas a nivel continental, lo que no sucedió.

Sin embargo, entre 2015 y 2016 acontecieron hechos importantes que modificaron la relación de fuerzas entre la corriente progresista (en el más amplio sentido de la palabra) y la derecha a nivel continental. El triunfo de Mauricio Macri en la Argentina desplazando al kirchnerismo, la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela y la derrota de Evo Morales en un referéndum para permitir su reelección estimularon a la oposición en Brasil para avanzar en la destitución de Dilma Rousseff.

Así, el desplazamiento de Dilma Rousseff tendría consecuencias negativas para la corriente progresista en su conjunto y fortalecería a los partidos de derecha que priorizan la relación con Estados Unidos y su agenda para América Latina.

Consideremos que tanto Ella como Lula, Evo Morales, Michel Bachelet, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Lugo, Mujica, Chávez y hoy Maduro fueron  claves para evitar el ALCA, desarrollar mecanismos de integración regional como UNASUR y CELAC e incluir a Cuba.

Por eso,  el Gobierno de Brasil, y los Gobiernos afines expresan que  jurídicamente el “impeachment” no tiene ninguna base porque Dilma no cometió ningún crimen de responsabilidad. Lo que ha ocurrido es un golpe político y parlamentario para destituir definitivamente a una candidata electa democráticamente.

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