LA HISTORIA SE REPITE
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile (53) ordenó la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área
Con la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en 2008 se fortaleció y jerarquizó la política pública para la Agricultura Familiar que históricamente fue invisibilizada y privada de derechos. No nos olvidemos que en la década del 90 la política agropecuaria de nuestro país solo hizo hincapié en la concentración económica, la expansión monoproductivista y el acceso a cada vez más cantidad de tierras solo vistas como negocio especulativo para capitales foráneos.
Para este modelo no cuenta el pequeño y mediano agricultor, aquel que aún está afianzado a su terreno, con una cultura propia y para el que el desarrollo incluye, no solo una mejora de su necesaria estabilidad económica, sino el respeto y consolidación de pautas culturales, familiares, sociales, ecológicas y de arraigo a un entorno que el modelo industrial desatiende o directamente amenaza. La Secretaría trabajaba en distintos lineamientos desde dos Subsecretarías. Por un lado la de Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar, y por otro la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Esta última fue eliminada del nuevo organigrama del nuevo Ministerio de Agroindustria la cual se encargaba de:
• La intervención interinstitucional para la resolución pacífica de conflictos socio – territoriales y socio – ambientales.
• Diseño de programas para el mejoramiento de viviendas rurales y espacios de uso comunitario y productivos.
• Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de las organizaciones
• Capacitación de Género y jóvenes rurales.
• Fortalecimiento de las comunidades de Pueblos Originarios
• Programa integral de apoyo y fortalecimiento para radios pertenecientes a organizaciones campesinas e indígenas.
En Mendoza, estos lineamientos se organizaron en función de las realidades locales y las trayectorias de trabajo de la SAF y sus equipos en la provincia que involucra a 60 trabajadores profesionales de las ciencias agropecuarias y sociales que están distribuidos en todo el territorio provincial. Para destacar la importancia del sector y estas políticas de inclusión en la Provincia de Mendoza, según datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar se encuentran más de 9.500 Agricultores Familiares inscriptos.
El 70% de los alimentos que se consumen son producidos por los productores familiares. Ocupan el 53% del empleo rural, que asciende al 70% si se considera la mano de obra familiar. Representan el 71% del total de productores del sector agropecuario. En solo el 13,5% de las tierras explotadas producen el 19,2 % del producto bruto agropecuario.
En relación al Monotributo Social Agropecuario, durante el 2.105 se inscribieron 270 Agricultores Familiares. A la fecha la Provincia cuenta con 3.400 altas primarias activas distribuidas en toda la provincia y más de 60 Agricultores Familiares jubilados a través de esta herramienta.
Se sanciono en diciembre de 2014 la Ley Nacional Nº 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Para la Construcción de Una Nueva Ruralidad en Argentina”, que aún no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional.
En Mendoza, el 19 de octubre de 2015 en la Legislatura provincial se presentó el proyecto de adhesión a dicha ley y que además declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y promueve la creación, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial del Consejo para el Desarrollo de la Agricultura Familiar. Aún no ha sido tratada.
La eliminación de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional en el gobierno de Macri y los despidos de 16 trabajadores de la Secretaria en Jujuy con 11 a 6 años de antigüedad y el des-financiamiento para funcionamiento operativo de las delegaciones provinciales donde los trabajadores deben disponer recursos económicos de su bolsillo para poder cargar combustible a las camionetas y seguir asistiendo a las organizaciones. Dan cuenta de una clara decisión de revertir estos progresos alcanzados.
Estas medidas se encuentran en línea con la quita de retenciones, megadevaluación, el cierre del Renatea y la vuelta al viejo esquema pro-esclavista conducido por la UATRE y las patronales agropecuarias, la reducción de los controles a las grandes cadenas supermercadistas en paralelo al desmantelamiento del apoyo a los pequeños productores y las economías regionales. Este es el escenario que se avecina frente a los cambios en las políticas públicas hacia el sector. Achicar el estado y volver a una política centralizada y tecnocrática, ligada al modelo agroexportador, donde no se produce para el mercado interno sino para la exportación, y sus actores son los grandes productores.
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