En un montaje mediático –pocas veces visto en Mendoza - el gobernador Cornejo (53) de la mano de su vice, Laura Montero (56), presentó el (borrador del) informe de la Auditoría General de la Nación sobre el estado de las cuentas provinciales luego del mandato de Francisco Pérez.
El informe (borrador) de la auditoría, difundido tanto por medios provinciales como nacionales, expresó una situación caótica exhibiendo al ex gobernador Pérez como el único responsable de una gestión que llevó a la provincia a la bancarrota. Esta supuesta auditoría también abarcó selectivamente a la Municipalidad de Guaymallén, de General Alvear, Malargüe y Las Heras, privándonos de conocer otros estados financieros, como por ejemplo Godoy Cruz.
Hasta ahí el montaje mediático para impactar y caldear la opinión pública y que cumplió su objetivo; pero poco se han ocupado los medios de aclarar lo siguiente:
Hasta ahí el montaje mediático para impactar y caldear la opinión pública y que cumplió su objetivo; pero poco se han ocupado los medios de aclarar lo siguiente:
Irregularidad. El borrador que fue presentado oficialmente por Cornejo no presentaba firma de nadie y el encabezado decía expresamente “Borrador”, incumpliendo con lo básico de la Ley N° 24.156 que regula las auditorías verdaderas. Tampoco trascendió a la opinión generalizada que estas “irregularidades” de la supuesta auditoría fueron observadas – en su tiempo - por Fiscalía de Estado sin respuesta alguna, hasta el día de hoy, por parte del gabinete de Cornejo. “Nuestro trabajo no constituyó un exámen de auditoría ni una revisión limitada de acuerdo con normas de auditoría vigentes …” dice expresamente el documento recientemente publicado por la Auditoría General de la Nación y más adelante agrega: “ los resultados no comprenden la totalidad de la información necesaria para establecer la situación económica integral de la Provincia…” Acá el informe.
Los Organismos Competentes. Tampoco le explicaron al común de la población que la tarea que hizo la Auditoría General de la Nación - en su momento a cargo del radical Leandro Despouy (68) - es una tarea que “constitucionalmente” le corresponde al H. Tribunal de Cuentas - artículo 181 de la Constitución de Mendoza; organismo que fue descartado por Cornejo muy probablemente porque no se prestaba al montaje mediático como si lo hizo Despouy. El Tribunal – enterado de esta rara iniciativa- emitió un informe en el que subrayaron que ellos revisten de “poder para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia” y en los plazos legales para hacerlo conforme lo establece el artículo 22 de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas. A pesar de estas observaciones, se siguió con la puesta en escena que le servirá para justificar muchas de las medidas antipopulares que estamos viendo a diario.
Golpe institucional. Por último, no se dijo en el informe que una de las principales causales del deterioro financiero de la Provincia ha sido el impedimento que puso el propio Cornejo al no aprobar las leyes de Presupuesto, tanto del año 2014 como del año 2015. Nada de esto se dijo, pues el “borrador mediatizado” de Cornejo en sí, es la culminación de una estrategia armada desde el 2013, y cumpliendo a rajatabla el mandamiento segundo de los “Diez Mandamientos de Manipulación” explicado por el filósofo Noam Chomsky que reza: crear problemas y después ofrecer las soluciones.
